Violencia de género entre menores

En las últimas semanas se han publicado varios casos de menores que han sido detenidos por actos de violencia de género a sus parejas. Esto hace que nos planteemos que, en vez de avanzar, se está retrocediendo en cuanto a la educación en el respeto y la tolerancia.

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Desde ABA Abogadas, Julia Clavero, socia del despacho y especialista en Derecho de Familia y Derecho Penal, explica cómo regula la ley estos casos y en base a qué criterios.

Todo parte de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, que también es aplicable en la exigencia de responsabilidad penal de personas mayores de 14 años y menores de 18. Esto, y aunque suene duro decirlo significa que, si un menor que no ha cumplido 14 años comete un delito, penalmente queda impune, ya que tan solo serán sancionables los ilícitos cometidos por los menores con 14 años cumplidos y que no superen los 18 años. Lo deseable sería un sistema que fuera aplicable a menores de a partir de 12 años a fin de garantizar la toma de medidas sobre los mismos.

La normativa es sancionadora-educativa. Es decir, que las penas tienen un fin principalmente educacional, puesto que prima el hecho de que es un menor el que ha cometido el delito, al cual se considera fundamental reeducar. De esta forma, aunque se tipifican los hechos considerados delictivos al igual que en el Código Penal que se aplica a un mayor de edad, las penas consisten principalmente en una serie de medidas que permiten abordar educativamente la situación de dicho menor, y que se aplican con cierta flexibilidad dependiendo de cada caso.

No obstante, dicha norma ha sido modificada en diversas ocasiones, con la intención de endurecer las penas a los hechos delictivos cometidos por menores, y por eso, la LO 8/2006 indica que, “el interés del menor es perfectamente compatible con el objetivo de pretender una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del hecho cometido.”

Derechos de la víctima de violencia de género en un procedimiento penal frente a un menor. Una vez promulgada la ley penal de menores, se daba la situación de que la víctima no podía ni siquiera ser parte en el procedimiento, no teniendo apenas intervención, siendo el Ministerio Fiscal el único que podía acusar. Así queda reflejado en el artículo 25 de la LO 5/2000, según el cual “no cabrá en ningún caso el ejercicio de acciones por particulares”.

La finalidad no era otra era impedir que pudieran darse lugar a situaciones que pudieran generar un efecto negativo y contraproducente en el menor acusado.

Sin embargo, con la LO 15/2003, se otorga un nuevo derecho a la víctima, a sus padres, herederos o representantes legales, al permitir que se personen como acusación particular. Con la LO 8/2006 se da un paso hacia delante al establecerse el derecho del perjudicado a que se le notifiquen las resoluciones que puedan afectar a sus intereses, debiendo ser informados de las medidas de asistencia a las víctimas, previstas en la legislación vigente.

Es decir, que la víctima de violencia de un delito de violencia de género, aunque se haya realizado por parte de un menor, tiene derecho a ejercer la acusación particular. Y si la víctima también es menor de edad, podrá declarar ante expertos, ante la presencia de sus padres o tutores, y ante el Ministerio Fiscal, debiendo ser garantizada su estabilidad emocional.

Medidas cautelares de alejamiento

La posibilidad de adoptar cualquier tipo de medida cautelar se introdujo a raíz de la LO 8/2006, y la más común es la orden de alejamiento. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular pueden solicitar que se adopte una medida de prohibición de acercamiento y comunicación del menor con la víctima o con su familia. No obstante, esta medida no tiene nada que ver con la recogida en la LO 1/2004 sobre medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ya que esta se aplica en los delitos cometidos por mayores de edad. Esto también significa que para los menores de edad no se aplica el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, referente a la orden de protección que contiene la posibilidad a acordar medidas cautelares tanto penales como civiles.

 

En el caso de la jurisdicción penal de menores existen medios para garantizar la protección integral de la víctima, con las mismas garantías que en el procedimiento de adultos, adoptándose distintas medidas. La prohibición de comunicación y alejamiento, se puede complementar con una medida de libertad vigilada, así como la prohibición de que el menor que ha cometido el delito pueda acudir a ciertos lugares, barrios o provincias, o la obligación de cumplir con ciertas medidas socioeducativas, con el fin de evitar nuevas conductas delictivas.

Conclusión: ¿Se ofrece suficientes garantías a la víctima?

Debemos de ser conscientes de que por un lado está la víctima, y por otro lado el menor que ha cometido el delito. La jurisdicción penal de menores tiene como objetivo reeducar a estos menores y de ahí la gran cantidad de medidas que pueden ser adoptadas, a fin de que reciban la atención necesaria para cambiar su futuro, ser conscientes de sus actos y no evitar que vuelvan a delinquir. Al contrario de lo que pudiera pensarse, la realidad es que no son tan comunes los casos de menores, que una vez cumplen la mayoría de edad, siguen cometiendo actos delictivos, de ahí la importancia de llevar a cabo todas esas medidas sancionadoras-educativas, siendo un hecho que la ley aplicable es eficaz.

 

En cuanto a la víctima de un delito de violencia de género, las medidas siempre son insuficientes ya que ha sufrido un grave daño a su integridad, física o psicológica. Así que cuando al agresor, por ser menor, se le imponen unas medidas de internamiento o de libertad vigilada, o la obligación de acudir a cursos educativos, pero que una vez que sea mayor de edad, no le queden antecedentes penales, puede resultar un agravio para la víctima. Siendo en mi opinión un sistema eficaz frente al delincuente, pero no frente a la víctima, a la que se le debería otorgar mayor relevancia y protección, quedando el sistema cojo en este sentido.

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