Acoso a las estudiantes

Se rompe el silencio sepulcral de la comunidad universitaria respecto a los casos de acoso y abuso sexual que suceden en los campus. Las denuncias tienen miedo: los abusadores tienen poder y ejercen represalias.

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Una cruel ley del silencio opera sobre las agresiones y abusos sexuales que viven las mujeres españolas desde la niñez. Por suerte, los datos son tercos: en España se cometen tres violaciones al día, según datos del Ministerio del Interior; y las especialistas, contundentes: de cada seis violaciones, solo se denuncia una, explica Tina Alarcón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas. El silencio que amarra a las aterradas víctimas a la indiferencia social se rompió, sin embargo, el verano pasado, cuando supimos que un grupo de jóvenes sevillanos –que se autodenominaba "La Manada"– había violado a una joven de 19 años en un portal de Pamplona, durante las fiestas de San Fermín. Este año, en medio de un dispositivo preventivo tecnológico y humano sin precedentes, Zaloa Basabe, técnica de Igualdad en el Ayuntamiento de Pamplona, puso sobre la mesa el factor que marca la diferencia en la lucha contra estas violencias secretas: la visibilización. Hablar de ellos y hablar de ello. Creer a las víctimas.

En el ámbito universitario, sin embargo, el silencio sigue siendo espeso. Aquí, la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de hombres en una posición de poder se tiñe de otros tonos, de otros peligros, de otras consecuencias. El acoso sexual (insinuaciones, invitaciones, coacciones, magreos), el acoso moral (amenazas de ostracismo, descrédito, traslados) y hasta la venganza académica (negación de becas, investigaciones, publicaciones) afectan a profesoras y alumnas en la inexpugnable intimidad de los despachos departamentales. Según el estudio Rompiendo el silencio en las universidades españolas dirigido por Rosa Valls, profesora de Pedagogía Social de la Universidad de Barcelona, y publicado en 2016, el 25% de las universitarias y docentes ha sufrido acoso sexual. La investigación revela que uno de cada cuatro casos de violencia machista lo perpetran docentes, y que el

91% de las víctimas optó por no denunciar al agresor.

 

LA FALTA DE REGULACIÓN

En los casos anónimos recogidos en este texto, casi todas las reacciones institucionales a los acosos y abusos se desarrollaban en el backstage de la vida universitaria, sin luz ni taquígrafos. "Hemos tenido que recolocar a una profesora por un tema de violencia y acoso", relata uno de los entrevistados. "Lo logramos gracias a que amenazamos con hacerlo público; solo entonces el rectorado lo movió. Pero, vamos, bajo amenazas y con mucho lío. Es una profesora contratada que ahora está en otra ciudad y que sufrió acoso por parte de un catedrático. Todo se solucionó, digamos, sin normativa, bajo cuerda, sin derechos y, además, como suplicando. Suplicamos al principio, luego amenazamos con sacarlo a la prensa y se la recolocó". La investigación denuncia que los rectorados prefieren desviar la responsabilidad hacia la policía a enfrentar estas situaciones, y sugiere la necesidad de impulsar un nuevo estudio en el que se analice su posible complicidad. No exagera: solo desde una connivencia directa o indirecta se pueden entender casos como el del exdecano de la Universidad de Sevilla, Santiago Romero, o el del catedrático de la Universidad de Barcelona, Jesús de Miguel. En 2011, Ana Vidu, brillantísima estudiante de Sociología de la Universidad de Barcelona, denunció junto a otras 14 personas a un catedrático que enviaba emails de contenido sexual e invitaba a su casa a sus mejores alumnas de primer curso. Su objetivo: las recién llegadas con excelentes notas y vocación académica. Jesús de Miguel llegó a enviar fotos subidas de tono y a perpetrar tocamientos genitales a un alumno. A una alumna, aunque parezca inverosímil, le escribió: "Tengo ganas de verte. Te quiero mucho. Para un chico de 60 años como yo... Un montón de actividad frenética en la cama… El sexo es una forma excelsa de comunicación. Vente un día a mi casa… ¡Mi vida es un orgasmo, chica!".

 

"Es peor denunciar que sufrirlo"

Ana relata cómo "el catedrático nos hacía saber todo el rato que nuestra nota estaba en sus manos. Con eso juegan los acosadores en la universidad: con el poder que tienen sobre ti. En la universidad te juegas un puesto o una plaza según tus relaciones. Eso crea mucho silencio". Esta investigadora y sus trece compañeros denunciaron nada más terminar la carrera, pero la universidad tardó un año en enviar los casos a la Fiscalía, lo que le permitió archivar el asunto por haber prescrito, aunque admitiendo que los hechos "podían tener cabida dentro del delito de acoso sexual". No se entiende cómo la decana Elisenda Paluzie no actuó con más diligencia en un caso tan grave.

"En el 2009, una profesora de la facultad había escrito una carta a la decana advirtiéndole de que había casos de acoso sexual en el Máster y el Doctorado y, si en ese momento se hubiesen puesto en marcha las medidas adecuadas, nada hubiera prescrito", explica Vidu. "Pero su actitud ha sido la de no implicarse. Ella entiende que para preservar el prestigio de la universidad debe negar los hechos, ocultar estas realidades. En el mismo informe de la Fiscalía, reconoce que tiene conocimiento de casos desde que ella era estudiante, allá en el 87. Ha pasado 30 años sabiendo que hay un acosador en el claustro. Lo peor no es que un profesor acose, sino que existe una institución que lo encubre. En la universidad es mucho peor denunciar el acoso que sufrirlo". De hecho, ha tenido que sufrir todo tipo de represalias, incluidas injerencias impropias en la redacción de su tesis Redes de solidaridad. Movilizaciones estudiantiles contra la violencia sexual en las universidades. "Tuve que modificar la tesis bajo la amenaza de que, si no lo hacía, no me doctoraría jamás. Incluso me hicieron renunciar a una estancia en la Universidad de Stanford. Me obstaculizaron de todas las maneras posibles".

 

DESPROTECCIÓN Y SILENCIO

En la Universidad de Sevilla, el catedrático exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Santiago Romero Granados, fue condenado este año a siete años de cárcel por tres delitos continuados de abusos sexuales y un delito de lesiones psicológicas, todos cometidos entre 2006 y 2010. Las víctimas fueron dos profesoras y una becaria de investigación que tuvieron que dejar la universidad ante la desprotección que sufrieron frente al violador durante toda una década. De hecho, este siguió dando clases hasta el mismo día que salió la sentencia condenatoria, en la que se señala que Romero Granados "contaba con la cooperación de compañeros" y sigue contando con la connivencia del equipo de gobierno de la institución, que le sigue pagando el 75% de su sueldo a pesar de no trabajar. Otra mujer, la vicerrectora de Profesorado, Elena Cano (hoy vicerrectora de Relaciones Institucionales), fue la que recomendó silencio a las tres víctimas cuando fueron a denunciar su caso en 2010. Una de las víctimas replicó lo siguiente sobre la reacción de Cano: "Esta respuesta, el miedo, la vergüenza, el ser nueva dentro del sistema universitario como profesora, mi inestabilidad laboral y el shock de acoso a la edad de 26 años me hicieron adoptar entonces una postura que considero débil, frágil y cobarde, que iba en contra de mis principios como persona y que, independientemente del daño que me causaba, hacía un flaco favor, no solo a las personas que como yo eran víctimas de este tipo de abuso en el departamento, sino que todo ello repercutía también en la calidad y la docencia de una universidad en la que confiaba. Esa postura a la que aludo es el silencio". En el texto de la sentencia se relatan las consecuencias físicas de los abusos (pesadillas, pérdida de peso, vómitos, trastornos relacionados con la ansiedad y con la depresión e incluso pensamientos suicidas) y las profesionales: una de las víctimas tenía "un incuestionable deseo de dedicarse a la docencia", pero "ha terminado abandonando la misma por completo, y hasta se ha marchado del país". Otra estuvo de baja de forma prolongada a causa de problemas físicos y psicológicos derivados de los abusos, de los cuales no se ha recuperado todavía por completo.

LOS CASOS SON INNUMERABLES

El mes pasado, la Universidad Complutense resolvió el caso del profesor García Fraile, docente en el máster en estudios avanzados en Educación Social. Tras diez meses de investigación, la universidad admitió que había desarrollado un "modus operandi" y que sus abusos venían de antiguo. Las denunciantes fueron seis docentes paraguayas becadas por su gobierno y especialmente vulnerables por su falta de medios, que recibieron mensajes y llamadas que "excedían de la relación normal" entre un docente y sus alumnas, sufrieron amenazas ("Más vale que hagáis lo que yo digo. Aquí mando yo") y obtuvieron malas notas al no acceder a quedar con él fuera de clase. García Fraile fue castigado con 14 meses de suspensión de empleo y sueldo.

Otro profesor, este de la Facultad de Derecho, está acusado de realizar "comentarios machistas y racistas" del tipo: "las mujeres son unas lagartonas que se mueven solo por dinero" o "a las mujeres indígenas les gusta que los españoles las violen". Este docente llega a su edad de jubilación el próximo noviembre. En la Universidad de Granada, una alumna que denunció hace más de un año a un profesor por abuso sexual, reclama que ha sufrido todo tipo de trabas a la hora de superar su asignatura.

 

LA LABOR DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ACTUALIDAD

Vistos los ejemplos, ¿cuál es el papel de los rectorados en estos casos? ¿Están realmente implicados en la tarea de prevenir los abusos y proteger a profesoras y alumnas? Desde la aprobación de la Ley de Igualdad hace ya una década, las universidades públicas tienen la obligación de proveer unidades de igualdad y contar con un protocolo para responder a estas denuncias. En algunas universidades, el esfuerzo está siendo notable, de forma que es posible trasladar a la ciudadanía con transparencia la realidad de su acción en datos, sobre todo el número de expedientes abiertos y el presupuesto con el que son dotadas para realizar su labor. Sin embargo, la mayoría de ellas (al menos de las 30 universidades públicas con las que ha contactado Marie Claire), prefieren no dar cuenta ni de su actividad ni de su presupuesto. En algún caso, la flagrante ausencia de equipo humano más allá de una página web es evidente hasta por teléfono. Anabel González Penín dirige desde 2006 la Unidad de la Igualdad de la Universidade de Vigo, un ejemplo de transparencia y eficacia. De hecho, a finales de año publicarán los resultados de su primer informe sobre acoso sexual en la universidad en base a 2.300 cuestionarios. Penín también encuentra sospechoso que las universidades nieguen la realidad de los abusos. "No somos islas dentro de la sociedad. Aquí se reproducen las mismas conductas sociales y abusivas que ocurren fuera del entorno académico. El compromiso de 'tolerancia cero' contra estas conductas debe llevarlo el más alto nivel institucional: el rectorado. E informar de los protocolos para que no se produzcan esos comportamientos inaceptables para las mujeres como comentarios machistas, piropos o miradas insinuantes en un ámbito profesional o de estudio". Su percepción acerca del apoyo que los rectores conceden a las estudiantes y profesoras acosadas coincide con la de este reportaje: "Algunas de las Unidades de Igualdad son meramente testimoniales, prácticamente sin personal, con una dedicación a tiempo parcial de las personas que las dirigen y sin presupuesto. Esto último es fundamental, el presupuesto que una Universidad destina a su UI demuestra su compromiso con la igualdad de género. Si no se destina presupuesto, no hay compromiso. En nuestro caso, la Universidad de Vigo destina 85.000 euros, una cantidad muy, muy superior a la media". La UI de Vigo no ha tenido que atender ningún caso por abuso sexual, aunque sí reciben constantemente consultas en todo el espectro de los objetivos de la igualdad, desde lenguaje no sexista (el profesor Luciano Méndez fue sancionado en 2016 con dos meses de suspensión de empleo y sueldo por los comentarios que realizó sobre el escote de una alumna en clase) hasta paridad en los concursos públicos.

De las 30 Unidades de Igualdad contactadas para este reportaje, solo otra más ha cumplido con el requerimiento de transparencia al respecto de estos datos: la de la Universidad de Granada. Dotada con escasos 20.000 euros al año, trata anualmente entre 15 y 20 casos relacionados con acoso, conductas inapropiadas, injerencias, comentarios sexistas... La memoria anual de la Complutense, la mayor universidad presencial de España, revela que ha gestionado 1017 expedientes en el curso 2015-2016 (703 en el año anterior), y detalla dos por acoso por parte de trabajadores de la universidad. Nada podemos saber de la actividad de su Unidad de Igualdad en una comunidad formada por unas 84.000 personas, entre alumnos, profesores y personal administrativo y de servicios.

La necesidad de un cambio

La dejación y el silencio torpedea el primer escalón de la lucha contra la impunidad de los agresores que supone, como explicaba la experta del Ayuntamiento de Pamplona: "Visibilizar los casos, hablar de ello". Solo de esa manera se puede romper el injusto silencio que lleva a que el 91% de las víctimas de violencia machista en la universidad no denuncie, tal y como revela el estudio liderado por la profesora de la universidad de Barcelona Rosa Valls. En esta investigación, la conclusión no puede ser más taxativa y apremiante: "Las universidades españolas no están dando respuesta ante las situaciones de violencia de género que se producen". En ellas existe, aunque parezca increíble y sobre todo teniendo en cuenta el periodo de transición que estamos viviendo, "un clima de permisividad e impunidad", por el que las víctimas "sienten miedo a hacer pública una situación sufrida, por temor a no ser apoyados por la institución o por posibles represalias". Una vez más: ¿qué hacen los rectores para que las facultades sean, a día de hoy, un lugar seguro para las mujeres?

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