¿Cómo funciona el proceso legal en casos de violencia de género?

A pesar de las campañas de concienciación social en contra del maltrato y la violencia de género, la realidad es que hoy en día siguen apareciendo casos que hacen que nos cuestionemos si el sistema funciona correctamente.

¿Cómo funciona el proceso legal en casos de violencia de género?

Desde finales de los años 90, asistimos a un proceso social en el que diversas organizaciones de mujeres han puesto el foco de atención en el maltrato y la violencia de género, llegando a la conclusión de que se trata de un problema de Estado. En el año 2003 se aprobó la Ley 16/2003 de 8 de abril, sobre prevención y protección integral de la mujer, la cual fue posteriormente desarrollada por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, sobre medidas de protección integral contra la violencia de género.

Los malos tratos y la violencia de género dejaron de ser un problema individual de cada mujer para convertirse en un problema de toda la sociedad. Hoy en día la denuncia contra el maltrato se puede interponer, no sólo por la persona que lo sufre, sino también por cualquier testigo de la misma. No obstante, a la hora de la verdad, la mayor parte de las denuncias por violencia de género vienen por partes de lesiones o gracias a la intervención de la policía, siendo menores las denuncias interpuestas por la propia víctima y mucho menores las interpuestas por sus familiares o por terceras personas testigos de los hechos. Esto nos hace pensar que además de que existe cierto miedo a denunciar, también existe una falta de información que hace que muchos procesos se queden parados a mitad de camino.

Con el objetivo de poder clarificar cómo es el procedimiento, a continuación os comento los pasos claves del mismo, y la importancia de llegar hasta el final:

La denuncia la puede interponer no solo la víctima: sino cualquier testigo

Procedimiento policial

maltrato

Lo primero de todo es tener en cuenta cómo puede ser el comienzo; o bien la mujer es agredida (física o psicológicamente) y llama o acude a la policía para formalizar la correspondiente denuncia, o bien acude primero a los servicios sociales en busca de apoyo y ayuda, para posteriormente denunciar. Otra de las opciones es que un testigo de los hechos denuncie la situación a la policía, e interponga una denuncia, o bien que sean las propias Fuerzas de Seguridad las que denuncien de oficio. Por último, si la mujer acude al médico, y este considera que se debe a un maltrato, el mismo médico puede remitir el parte de lesiones al juzgado.

Después está la recogida de la denuncia. En este aspecto es importante señalar que cuanto más concreta y más detallada sea, mejor resultará para poder obtener protección judicial en caso de que sea necesaria. Fechas, episodios sufridos, duración, frecuencia, testigos, posibles partes médicos, pruebas de llamadas o persecuciones, así como cualquier documento o mensaje que pueda ser prueba de dicho maltrato tanto físico como psicológico, será definitorio para que la denuncia sea lo más completa posible. Por su parte, Las Fuerzas de Seguridad del Estado también tienen que relatar cuál es el estado emocional de la mujer al interponer la denuncia (miedo, ansiedad, lloros, etc), para que el juzgado de violencia entienda cómo se encontraba la víctima en ese momento. Por eso los abogados insisten tanto en la necesidad de que los cuerpos de seguridad cuenten con personas especializadas en casos de malos tratos, para que puedan identificar mejor el problema, y puedan reflejar fielmente el mismo a través de la denuncia o el atestado de intervención.

El paso siguiente es la solicitud de una orden de protección, que supone un mecanismo de protección integral, ya que además de proporcionar una serie de beneficios jurídicos y sociales a las víctimas, da lugar a que se impongan una serie de medidas cautelares como prohibición de acercamiento, obligación de abandonar el domicilio familiar por parte del agresor o prohibiciones de comunicación entre el agresor y la víctima. Se trata más que nada de un mecanismo disuasorio para el agresor, quien es informado de que su quebrantamiento puede dar lugar a un ingreso en prisión.

Por otra parte, está el derecho a la información por parte de la víctima, regulado en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que establece que la policía facilitará copia de la denuncia a la víctima y le explicará el curso que seguirá la misma, así como de la solicitud de orden de protección, y también de que ante una situación de riesgo, no incurre en delito de abandono de familia si no vuelve a su domicilio.

Por normal general, la víctima desconoce los procedimientos jurídicos y los recursos sociales que hay al alcance de la misma, lo que favorece que muchos casos no sean denunciados. Ello añadido al hecho de que muchas denuncias son archivadas por falta de pruebas o porque la mujer no quiere declarar. El error es que las víctimas piensan que con poner la denuncia cesará la violencia, cuando en realidad es el primer paso, siendo esencial su propia participación en todo el proceso. Es fundamental que la propia mujer víctima de violencia de género, como alguien de su entorno o confianza, conozcan las distintas fases del procedimiento judicial, de tal forma que pueda colaborar y conozca los recursos que están a su disposición, siendo imprescindible el asesoramiento legal de la mujer.

Es importante señalar que todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados una serie de derechos (según la ley mencionada anteriormente) como pueden ser el derecho a la asistencia social, a la asistencia jurídica gratuita, a reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica o incluso al cambio de centro de trabajo, etc.. Por último se produciría la detención inmediata del agresor. El deber de proteger a las víctimas conlleva que la policía pueda trasladarse urgentemente al lugar de los hechos para detener al agresor que ha sido denunciado. En el caso de que sea necesario, acompañarán a la víctima a una casa de acogida o a un nuevo domicilio, así como a recoger sus pertenencias y la de sus hijos. Y por supuesto, el posible traslado a un centro médico.

Al denunciar la víctima tiene una serie de beneficios jurídicos y sociales que se desconocen

Procedimiento judicial

Procedimiento judicial

Una vez que el atestado policial está terminado y el agresor ha sido detenido, el siguiente paso se desarrolla ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El detenido pasa disposición judicial, y se determina si es necesaria una orden de protección, ya sea la que se ha solicitado ante la autoridad policial, o bien solicitándola en ese momento en el propio Juzgado. No obstante, siempre es aconsejable haberlo en dependencias policiales. Cuando el Juzgado recibe la denuncia, se convoca una audiencia urgente a la víctima, al agresor y al Ministerio Fiscal. Cuando no pueda celebrarse de manera inmediata, deberá realizarse en un plazo máximo de 72 horas (si la víctima está ingresada se celebrará sin su presencia). Tras la audiencia, el juez resuelve y en el caso de que se determine que existen indicios de violencia de género, las medidas que podrán establecerse son de varios tipos: penales, que podrán tener una validez temporal o hasta que exista sentencia firme (prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, pulsera electrónica de localización, etc.) , y civiles (guarda y custodia, pensión de alimentos, uso de la vivienda familiar, régimen de visitas, etc.), que tendrán una validez de 30 días, salvo que se interponga una demanda de separación/divorcio/relaciones paternofiliales antes de que finalice ese periodo. Al hacerlo así, las medidas civiles estarán vigentes hasta que exista una Sentencia que establezca las medidas civiles definitivas.

Una vez celebrada la comparecencia las partes podrán solicitar tres cosas:
1) Un juicio rápido, por entender que las pruebas son suficientes para demostrar que se ha cometido un delito en el ámbito familiar y, por lo tanto, se puede celebrar el correspondiente Juicio Oral. En este momento, cabe que el imputado reconozca los hechos y se dicte una Sentencia por conformidad.
2) Procedimiento de Diligencias previas, por entender que los hechos deben seguir siendo investigados ya que no queda claro lo sucedido. Es decir, que se necesite oír a algún testigo, que se realice un informe psicológico de la víctima, escucha y peritación de grabaciones de voz o vídeo, etc. Dependiendo del resultado de las pruebas se puede dictaminar que los hechos denunciados pueden constituir un delito leve y no un delito grave, en cuyo caso se citará a las partes para celebrar el juicio correspondiente.
3) Sobreseimiento provisional o libre, y por lo tanto el archivo del caso, por entender que o bien que no existen indicios de maltrato, o bien que los hechos denunciados no tienen carácter delictivo.

Con la denuncia no se suele acabar la violencia. Es un primer paso

Una vez escuchadas las partes, el Juez de Violencia de Género tomará la decisión que considere oportuna. La más habitual es solicitar la continuación del procedimiento por los trámites del juicio rápido. El Juzgado competente celebrará el Juicio Oral, donde se presentarán las pruebas, y donde el Juez decidirá si considera o no probados los hechos denunciados. En el caso de los delitos de violencia de género, la prueba fundamental es la declaración de la víctima, ya que los malos tratos suelen suceder en la más estricta intimidad, no existiendo testigos. Una vez dictaminada sentencia condenatoria, las actuaciones pasan al Juzgado de Ejecuciones Penales, que es el encargado de hacer efectivas las penas impuestas al ya condenado, tanto las de responsabilidad penal, como civil.

¿Y aquí acaba todo?

No, tanto la policía como las instituciones sociales y jurídicas deben llevar un seguimiento tanto de la víctima como del agresor, a fin de evitar que se vuelva a producir una situación de malos tratos. Existen terapias para ambas partes como apoyo y un teléfono 016. Desde ABA Abogadas siempre pedimos que las víctimas cuenten con el correcto asesoramiento ya que facilita, dentro de lo que cabe, todo el proceso, siendo fundamental la concienciación social para erradicar una lacra que afecta tantísimas mujeres.

Nuestra abogada

Nuestra abogada

Desde ABA Abogadas, Julia Clavero, socia del despacho y especialista en Derecho Penal, ofrece los puntos básicos para entender el procedimiento legal ante este tipo de delitos.

Aba Abogadas, despacho de abogadas fundado en 1995 por Ana Clara Belío y Cristina Almeida bajo la premisa de ofrecer a los particulares un servicio jurídico con la calidad de los grandes despachos. El bufete está especializado en Derecho de Familia, Laboral y Penal. El despacho cuenta con un equipo de 6 socias, 7 abogados y 3 personas dedicadas exclusivamente a la atención al cliente, así como expertos colaboradores en distintos temas. El despacho ha atendido a más de 5.500 clientes y unos 500 nuevos clientes al año.

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